La Gobernación de Santa Cruz evalúa la convocatoria a la Comisión Agraria Departamental y la activación de una comisión de seguridad pública como parte de las acciones que analiza frente a las recientes denuncias de avasallamientos registradas en el departamento, entre ellas la toma del predio productivo Santa Rita, ubicado en la provincia Guarayos.

El vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, informó que estas medidas están siendo consideradas debido a la preocupación que generan las incursiones de grupos irregulares en propiedades privadas y el impacto que estos hechos pueden tener sobre la seguridad jurídica, el estado de derecho y la paz social.

“Se está analizando la convocatoria a la Comisión Agraria Departamental, aunque es un momento un poco delicado dada la situación de los bloqueos, y la convocatoria a una comisión de seguridad pública”, manifestó la autoridad departamental.

La posición de la Gobernación surge luego de las denuncias relacionadas con la toma del predio Santa Rita. En este contexto, el Comité pro Santa Cruz observó que la actuación policial depende de decisiones centralizadas del Ministerio de Gobierno, situación que, según su criterio, dificulta la ejecución oportuna de operativos destinados a desalojar a los avasalladores.

A la preocupación institucional se suman las denuncias de los propietarios de tierras, quienes aseguran que la irrupción de grupos irregulares se ha repetido en varias oportunidades. Esta situación genera inquietud adicional debido a que actualmente se realizan trabajos de preparación de suelo para encarar la siembra de invierno.

Schrupp sostuvo que la invasión armada a una propiedad privada constituye una vulneración al estado de derecho y representa un hecho ilícito que no puede ser tolerado. En ese sentido, remarcó la necesidad de preservar el respeto a la normativa vigente y garantizar la seguridad jurídica en el departamento.

Asimismo, el vocero indicó que la Gobernación realizó gestiones institucionales ante la Policía Boliviana y el Ministerio Público para atender las denuncias presentadas. También señaló que cualquier controversia vinculada a temas agroambientales debe resolverse a través de los mecanismos institucionales y las vías legales establecidas.

Las autoridades departamentales continúan evaluando las acciones que asumirán en los próximos días frente a los casos denunciados, mientras persiste la preocupación por la seguridad de las propiedades productivas y el desarrollo de las actividades agrícolas en la región.