La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) manifestaron su profunda preocupación por la escasez de combustibles en el país, especialmente diésel. En una declaración conjunta, el presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, recordó al Gobierno que la responsabilidad de garantizar el abastecimiento recae exclusivamente en el Estado y no en el sector privado.

Según Eduardo Olivo, presidente de la CNC, el desabastecimiento está afectando gravemente a sectores vitales para la economía nacional, como la agroindustria, el transporte y la logística. Olivo alertó que el transporte de carga opera a menos del 50% de su capacidad, lo que pone en riesgo tanto las exportaciones como las importaciones, las cuales dependen en gran medida de las rutas terrestres.

El sector privado reconoció que algunas empresas han intentado importar combustible para mitigar la crisis; sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para cubrir la alta demanda. Para no detener sus operaciones, muchas compañías se ven obligadas a adquirir diésel en el mercado paralelo, lo que dispara los costos de producción y contribuye al alza general de precios en la economía.

A pesar de las promesas del Gobierno de que la distribución de carburantes se realiza al 100%, la realidad en las calles muestra largas filas en las estaciones de servicio de todo el país. Esta situación ha generado un creciente descontento entre los transportistas y otros sectores productivos, que han anunciado la posibilidad de asumir medidas de presión en los próximos días si no se encuentra una solución definitiva.

Los empresarios concluyeron que es crucial que el Gobierno actúe de manera inmediata para resolver la problemática de raíz. Subrayaron que la importación de carburantes por parte del sector privado no es una solución sostenible y que es el Estado quien debe garantizar la estabilidad del suministro para evitar mayores perjuicios a la economía boliviana y a los sectores productivos que ya están sintiendo el impacto directo.