La orden de aprehensión contra Evo Morales, emitida en octubre de 2024 por un caso de presunta trata de personas, sigue sin cumplirse. El exmandatario ha evitado presentarse ante la Justicia y permanece en el trópico de Cochabamba, donde es protegido por grupos afines que han expresado su disposición a impedir cualquier intento de captura.

La Fiscalía de Tarija lo acusa de haber sostenido una relación con una menor de edad durante su gestión presidencial, caso por el que fue citado por la justicia. Morales ha negado la denuncia y asegura que se trata de una maniobra política para inhabilitarlo electoralmente.

En enero de este año, un juez lo declaró “rebelde”, ordenó su aprehensión y dictó arraigo. Pese a ello, ninguna acción policial ha sido ejecutada. En abril, una jueza en Santa Cruz intentó derivar el caso a Cochabamba, lo que fue anulado por otro juez. Posteriormente, ella fue detenida y procesada por prevaricato, ratificándose que la orden de captura sigue vigente.

El ministro de Gobierno confirmó que el mandamiento se mantiene, pero justificó que no ha sido ejecutado debido a que Morales está rodeado por centenares de simpatizantes, lo que podría provocar enfrentamientos si se intenta su detención. Según declaró, cualquier operación deberá realizarse sin poner en riesgo la integridad de las personas.

Un reportaje reciente muestra que Morales continúa refugiado en el trópico desde octubre de 2024, sin abandonar esa región, en lo que ha sido calificado como una “detención voluntaria”. Mientras tanto, la orden judicial continúa sin cumplirse y la controversia sobre su ejecución se mantiene abierta.