La Fiscalía emitió la imputación formal contra el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por los delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito. La medida fue presentada alrededor de las 11:00 de este miércoles.

El Ministerio Público solicitó la detención preventiva de Huarachi por un periodo de seis meses en el penal de San Pedro. El caso fue abierto el 17 de octubre y el mandamiento de aprehensión se ejecutó considerando riesgo de fuga y de posible obstaculización del proceso.

El fiscal anticorrupción Aldo Meza explicó previamente que la orden de aprehensión se sustentó en elementos de convicción, mencionando que existe un indicio de que el exministro habría recibido una suma de Bs 40.000.

Por su parte, la defensa de Huarachi cuestionó el procedimiento y anunció que lo denunciará ante la autoridad jurisdiccional. El abogado Andrés Zúñiga afirmó que la Fiscalía no valoró la documentación presentada previamente y sostuvo que la aprehensión fue irregular. “Le hemos preguntado al señor fiscal que nos muestre una evidencia para sostener la probabilidad de autoría, no existe. Se ha procedido con una aprehensión ilegal y ante el juez cautelar haremos valer esos derechos”, declaró.

El Fiscal argumentó la concurrencia de riesgos procesales de fuga y, especialmente, de obstaculización de la investigación (Art. 235, Núm. 2 C.P.P.). Se advirtió que Huarachi podría influir negativamente para que varios testigos clave—incluidos exautoridades como Juan Santos Cruz, Freddy López y Héctor Arce—informen falsamente. Entre los actos investigativos pendientes se mencionan: recabar información financiera, Derechos Reales y vehículos a su nombre.

La Fiscalía remitió el memorial de imputación formal y al aprehendido a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de 8° de la Capital. Con esta acción, Juan Carlos Huarachi, de ocupación minero y con domicilio en Huanuni, queda a la espera de la audiencia de medidas cautelares, donde la autoridad judicial definirá si acepta la solicitud de detención preventiva o impone otras medidas sustitutivas.