El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, reconoció que existen indicios de sabotaje interno en la administración estatal y confirmó que el Gobierno investiga denuncias vinculadas a presuntas irregularidades en la cadena de comercialización de combustibles administrada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Funcionarios que cumplen y están capacitados tienen que continuar. Queremos separar la paja del trigo”, sostuvo la autoridad, al explicar que la actual gestión realiza una revisión interna para identificar a servidores públicos comprometidos con su labor y a aquellos que habrían participado en irregularidades. En ese contexto, citó una frase popular para reforzar su postura: “lo importante no es el color del gato, sino que cace ratones”.

Paredes fue más allá al admitir que se identificaron acciones internas contra la gestión. Señaló que se han detectado casos de autoridades que permanecen en funciones y que habrían generado problemas. “Yo creo que de alguna manera ya hay un sabotaje interno. En muchos casos hemos identificado que han sido autoridades que siguen en la gestión que generaron problemas. Indudablemente hay. Por eso estamos contra el tiempo. Ahorita el tiempo, día que pasa, día que ganan más en sus fechorías”, advirtió.

Las declaraciones se producen en medio de denuncias públicas sobre un presunto sobreprecio en la importación y comercialización de combustibles. El tema fue mencionado previamente por el presidente de YPFB, Yussef Akly, y por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

En ese marco, Paredes aseguró que “todos los problemas se tienen que aclarar” y afirmó que la investigación está en curso. “Entonces hay redes, hay actores, todo, que poco a poco estamos, y eso que estamos haciendo lo más rápido que se puede, pero no es fácil. Pero vamos a desmontar toda la cadena de precios, la cadena, digamos, de valor que se da hasta que llegue el producto. Aquí está siendo investigada al detalle, desde el origen hasta el destino”, señaló.

En los últimos años, YPFB ha estado bajo escrutinio por contratos de importación, logística y distribución de carburantes, en un contexto de creciente presión fiscal por el costo de la subvención estatal, que fue aliviada por la determinación del gobierno del presidente Rodrigo Paz de levantar la subvención a los combustibles. Las autoridades han anunciado auditorías internas y procesos de revisión técnica para transparentar la estructura de costos.

Paredes enfatizó que la prioridad es garantizar un servicio eficiente hacia adelante, sin descuidar la investigación de responsabilidades pasadas. “Nos importa que se haga justicia hacia atrás, pero nos importa mucho más dar un buen servicio al país”, afirmó.