Gobierno denuncia avasallamientos de tierras durante el periodo electoral en Santa Cruz
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, advirtió este jueves que los avasalladores de tierras están aprovechando el contexto electoral para ingresar ilegalmente a predios, vulnerar la propiedad privada y atentar contra la integridad de las personas.
“Esto también obedece a este periodo electoral que nos toca enfrentar en el país. De alguna forma, como todas las miradas están en la segunda vuelta, esto está siendo aprovechado por estos grupos, que ponen en riesgo no solo la propiedad privada sino también la integridad de las personas”, señaló Ríos en entrevista con El Deber Radio.
En menos de tres días se registraron dos avasallamientos violentos en Santa Cruz. El primero ocurrió el 3 de octubre en el predio Patujú, municipio de Montero. Dos días después, más de 150 personas armadas ingresaron al predio Río Negro, en Ascensión de Guarayos, destruyeron un campamento y comenzaron a ocupar ilegalmente la tierra. En ambos casos, los avasalladores agredieron a propietarios, trabajadores y periodistas.
El ministro informó que, tras conocer los hechos, se movilizó un contingente policial por aire y tierra para retomar los predios y garantizar la identificación de los responsables. Además, aseguró que el Gobierno nacional respalda el derecho propietario y no permitirá nuevos avasallamientos.
“Tenemos que respetar la normativa y principalmente dar seguridad jurídica a los productores en nuestro país, sean medianos, pequeños o grandes, sin ningún tipo de distinción, porque la ley no distingue entre grandes, pequeños u otros ciudadanos de primero y de segundo”, enfatizó Ríos.
En relación al predio Patujú, 12 personas fueron aprehendidas y la justicia determinó detención preventiva de 180 días. El ministro también indicó que se han identificado a los autores intelectuales y materiales, aunque prefirió no revelar la institución a la que pertenecen para no entorpecer las investigaciones.
El avasallamiento y el tráfico de tierras son delitos penales tipificados en la Ley 477, que establece sanciones de tres a ocho años de prisión para quienes ocupen ilegalmente tierras privadas o fiscales.
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