Los gremialistas han rechazado de forma categórica el reciente discurso del presidente Luis Arce, acusándolo de minimizar la crisis económica que atraviesa el país. Los dirigentes del sector señalan que las declaraciones del mandatario, en las que defiende el modelo económico del Movimiento al Socialismo (MAS) como un "éxito", no reflejan la realidad que enfrentan millones de bolivianos.

Edgar Álvarez, uno de los principales representantes del sector gremial, expresó su descontento asegurando que el gobierno "sigue mintiendo al país" al asegurar que la economía está estable. "La canasta familiar está por las nubes, los ingresos no alcanzan, y el pueblo está cansado de esta falsa narrativa", afirmó Álvarez.

En el centro del conflicto se encuentra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), incluida en la Ley Financiera 16.13. Los gremialistas consideran que esta disposición impacta negativamente al sector y han exigido su inmediata derogación.

Para reforzar su postura, los gremialistas anunciaron una serie de medidas de presión. Entre ellas, una cumbre multisectorial que se llevará a cabo el próximo 30 de enero en Sucre, con la participación de otros sectores afectados por las políticas económicas del gobierno. Asimismo, reprogramaron sus movilizaciones, inicialmente previstas para el 27 de enero, para el 10 de febrero, con el objetivo de lograr una mayor coordinación entre los participantes.

"Estamos en emergencia y no descartamos tomarnos las calles. Este gobierno debe escuchar nuestras demandas porque el pueblo no puede seguir sufriendo", sentenció Álvarez.

Con estas declaraciones, el sector gremial deja en claro que continuará en pie de lucha hasta lograr cambios concretos en las políticas económicas del país.