Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora, está bajo investigación por presunto lavado de activos, luego de que autoridades detectaran propiedades y recursos que no corresponden al perfil económico de un hombre de 33 años sin ocupación estable.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, detalló que la Fiscalía solicitó información a Derechos Reales sobre aproximadamente 18 bienes inmuebles a nombre de Arce Mosqueira. Además, se requirió información a Tránsito y al RUAT respecto a 20 vehículos vinculados al investigado. Todos los requerimientos se encuentran en curso.

Hallazgos y alertas financieras

La aprehensión del hijo del exmandatario se efectuó la tarde del miércoles 18 de marzo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Durante el operativo, se encontró en su poder 16.000 dólares y 40.000 bolivianos, y se le interceptó a bordo de un vehículo perteneciente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El viceministro García explicó que el tipo penal investigado corresponde a la legitimación de ganancias ilícitas a nivel internacional, conocido como lavado de activos o blanqueamiento de capitales, derivado de otros hechos de corrupción que están siendo investigados.

Según las autoridades, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) emitió la primera alerta contra Arce Mosqueira en 2022 y una segunda alerta dos años después, tras detectar movimientos sospechosos de 300.000 y 500.000 bolivianos, respectivamente, operaciones que fueron reportadas al Ministerio Público.

Próximos pasos judiciales

Luis Marcelo Arce Mosqueira deberá comparecer ante la justicia en la audiencia de medidas cautelares entre el 18 y el 20 de marzo. La Fiscalía prevé solicitar su detención preventiva, argumentando que el ciudadano estuvo en Brasil en meses recientes sin registrar su movimiento migratorio, lo que “denota facilidades para salir del país y permanecer oculto”, señaló García.

El caso continúa bajo investigación, mientras se verifican los bienes, vehículos y recursos del hijo del expresidente para determinar el origen de su patrimonio y su vinculación con posibles actos de corrupción.