La Caja Nacional de Salud (CNS) y el Comité Cívico del Beni denunciaron un presunto perjuicio económico de Bs 5.440.000 contra la institución, tras el desembolso de recursos mediante un supuesto laudo arbitral que, según las autoridades, nunca existió. Además, advirtieron que los demandantes exigen otros Bs 3,7 millones por concepto de indexación.

En una conferencia de prensa conjunta, la administradora regional de la CNS, María Alejandra Pereira, el presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, y el asesor jurídico de la institución expusieron las presuntas irregularidades vinculadas al proceso judicial.

Pereira señaló que desde febrero y marzo enfrenta mandamientos de apremio y amenazas de reclusión carcelaria a raíz de este caso. Según la denuncia, el proceso se sustentó en un supuesto laudo arbitral que no habría sido emitido, ya que el Ministerio de Trabajo certificó que nunca se conformó un tribunal arbitral y que el procedimiento se originó en un acta de conciliación y advenimiento.

Pese a ello, el Juzgado Primero, a cargo del juez Alex Núñez Vargas, habría ordenado el congelamiento y posterior desembolso de Bs 5.440.000, distribuidos entre las regionales de Trinidad y Riberalta.

Las autoridades advirtieron que estos recursos estaban destinados a cubrir obligaciones de la CNS, entre ellas el pago de salarios, la adquisición de medicamentos y la compra de insumos médicos necesarios para la atención de los asegurados.

Denuncian presuntas irregularidades judiciales

El asesor jurídico de la CNS denunció posibles irregularidades en el proceso y señaló la presunta existencia de una red de corrupción dentro de la administración de justicia.

Entre los hechos cuestionados mencionó que el juez no se habría apartado del caso pese a un supuesto parentesco con uno de los demandantes, además de presuntas deficiencias en las notificaciones de las liquidaciones y decisiones favorables a los demandantes por parte de salas constitucionales.

La denuncia también advierte que los demandantes pretenden cobrar Bs 3,7 millones adicionales por indexación. De concretarse ese pago, el monto total observado se aproximaría a los Bs 9 millones.

Piden investigar a los involucrados

Ante la gravedad de las denuncias, los representantes de la CNS y del Comité Cívico del Beni solicitaron la intervención urgente del nuevo Fiscal General del Estado para investigar las actuaciones de los jueces y vocales presuntamente involucrados.

Las acusaciones deberán ser esclarecidas por las instancias competentes, que tendrán que determinar si existieron irregularidades en el proceso judicial y establecer las responsabilidades que correspondan.