El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley 1778, que autoriza un préstamo de $us 200 millones del Banco Mundial destinado a financiar el Bono PEPE, el Bono Juana Azurduy y otros programas de asistencia para personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.

La norma aprueba el Convenio de Préstamo 9927BO, suscrito entre el Estado boliviano y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo que forma parte del Grupo Banco Mundial. Los recursos buscan respaldar a la población vulnerable frente a los efectos de los ajustes y las reformas económicas.

Entre los beneficiarios contemplados están las personas que reciben el Bono PEPE I y el Bono Juana Azurduy, las personas con discapacidad visual que perciben el Bono Anual de Indigencia, quienes tienen discapacidad grave o muy grave y los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad en la categoría de no rentistas.

El financiamiento también prevé un beneficio para padres, madres o tutores legales de estudiantes inscritos en unidades educativas fiscales y de convenio. En este caso, el pago se realizará bajo la modalidad de un beneficio por grupo familiar.

El convenio establece un plazo de 23 años para el reembolso del crédito, incluidos 14 años de gracia. Asimismo, fija un periodo de cuatro años para el desembolso de los recursos.

Distribución de los recursos y control legislativo

Durante el tratamiento de la norma en la Asamblea Legislativa, el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, informó que $us 192 millones se destinarán a transferencias económicas vinculadas al Bono PEPE y otros programas sociales. Los $us 8 millones restantes se utilizarán para fortalecer el sistema de protección social y financiar la gestión del proyecto.

La Ley 1778 establece que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, deberá presentar informes semestrales a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el uso, destino y ejecución del financiamiento.

Los reportes deberán entregarse de manera oral y escrita, con documentación de respaldo, para que los legisladores puedan realizar el seguimiento correspondiente al manejo de los recursos.

Navarro señaló que el Bono PEPE habilitó a más de 2,3 millones de personas y alcanzó al 95% de los beneficiarios autorizados. Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entre enero y el 5 de octubre de 2026 se registraron 2.210.628 pagos, por un monto acumulado de Bs 1.668,5 millones.

Registro integrado de beneficiarios

El proyecto también contempla la creación de un registro integrado de beneficiarios, que reunirá información actualizada e interconectada para identificar a los hogares en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con Navarro, esta herramienta permitirá mejorar la identificación de las personas que requieren asistencia estatal y facilitar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ante situaciones económicas adversas.

Con la promulgación de la ley, el préstamo cuenta con la aprobación normativa necesaria para respaldar los componentes previstos en el convenio, bajo los mecanismos de seguimiento e información establecidos para la Asamblea Legislativa.