El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, presentó este miércoles tres denuncias por presuntos actos de corrupción detectados en entidades dependientes de esa cartera de Estado. La autoridad aseguró que los casos fueron remitidos a las instancias correspondientes y que los involucrados se encuentran procesados o bajo investigación.

El primer caso se registró en las inmediaciones de Cartonbol, en Oruro. Según explicó el ministro, el pasado 12 de junio una persona identificada como Wilson Coca Huaita intentó cobrar Bs 2.000 argumentando que el dinero sería destinado al pago de bloqueadores y comunarios para levantar una medida de presión. De acuerdo con la denuncia, el sujeto utilizó los nombres de un diputado y de un gerente técnico de la empresa estatal para respaldar su solicitud.

Justiniano señaló que, tras activarse los protocolos internos, se presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la persona fue aprehendida. Además, indicó que el investigado permanece procesado y se busca establecer si actuó de la misma manera en otras instituciones.

El segundo caso involucra al Observatorio Aeroambiental y Productivo (OAP). El ministro afirmó que en mayo se detectó que siete funcionarios fueron afectados por una práctica mediante la cual debían entregar el 30% de sus salarios.

La autoridad identificó a Rolando Ballesteros como la persona procesada por este hecho y remarcó que los funcionarios involucrados fueron remitidos a instancias de transparencia mientras continúan las investigaciones. Asimismo, aseguró que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo no se solicitarán aportes económicos a funcionarios para partidos políticos ni para ningún otro fin.

El tercer caso corresponde a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA). Según el ministro, entre marzo y abril se detectaron presuntos delitos relacionados con la adquisición de bobinas para leche destinadas a las plantas de Achacachi, San Andrés y Challapata.

Justiniano explicó que se realizaron compras menores y que recursos económicos terminaron en cuentas personales antes de efectuarse los pagos correspondientes. Indicó que cinco funcionarios están siendo procesados y que todas las personas involucradas fueron destituidas.

Finalmente, el ministro aseguró que su despacho mantendrá una política de tolerancia cero frente a hechos irregulares y reiteró que no se puede estafar al pueblo boliviano.