En Tennessee entró en vigor la polémica ley Senate Bill 392, que penaliza como delito grave el hecho de “albergar” o dar refugio a migrantes indocumentados a cambio de un beneficio económico.

La normativa, aprobada y firmada en mayo por el gobernador Bill Lee, permite que fiscales y autoridades puedan actuar contra quienes oculten a personas en situación irregular si reciben alguna ganancia.

Sin embargo, la ley no define claramente qué se considera “refugio”, lo que genera preocupación sobre posibles consecuencias para familias, arrendadores, iglesias y organizaciones que brindan ayuda humanitaria.

Organizaciones defensoras de derechos de inmigrantes alertan que la ley podría criminalizar actos cotidianos como alquilar un departamento o alojar a familiares indocumentados, incluso si se trata de un ingreso legítimo.

Una demanda federal presentada por una coalición que incluye grupos como el American Immigration Council y la Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition sostiene que la ley es vaga, afecta la convivencia normal y viola la autoridad federal en materia migratoria. Además, temen que se sancione a quienes brindan asistencia a personas que posteriormente obtuvieron estatus migratorio legal.

Desde la entrada en vigor de la ley, algunos arrendadores han empezado a pedir pruebas de estatus migratorio a sus inquilinos o a iniciar desalojos, lo que ya ha afectado a familias en Tennessee.

La medida ha generado un ambiente de incertidumbre y temor en comunidades migrantes, mientras continúan los debates sobre el alcance real de la ley y su impacto social y legal.