Senadores y diputados de Creemos enviaron una carta a la comunidad internacional para hacer conocer la firma por parte del gobierno boliviano de contratos para la explotación del litio del salar de Uyuni con empresas de China y Rusia, los mismos que esperan ser refrendados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero que están observados por la sociedad civil por una serie de irregularidades y que están generando un profundo malestar, ya que ven estos contratos como un nuevo episodio de explotación de sus recursos naturales sin beneficios concretos para el desarrollo de Potosí y del país. Al respecto, la senadora por Santa Cruz adelantó que estos contratos que se encuentran en la Cámara de Diputados, no serán aprobados en el Senado porque no cumplen con una serie de requintos, entre ellos la consulta previa de los pueblos aledaños al Salar de Uyuni o la aquiescencia de todo el pueblo potosino que ya ha rechazado estos documentos y pedido su rechazo en la Asamblea legislativa.
“Hay un rechazo generalizado a los contratos de explotación del litio; no es una cuestión política, es un tema de honda y legítima preocupación de la sociedad boliviana por como el gobierno de Arce pretende que estos contratos sean aprobados con premura. El gobierno de Arce ya está de salida y se muestra desesperado para que se firme estos contratos que serían contrarios los intereses de los potosinos de todos los bolivianos”, indicó Rek. La parlamentaria agregó que estos documentos no son transparencia y tienen una serie de riesgos económicos y ambientales; además de la exclusión de la población en la toma de decisiones han generado un clima de desconfianza que no hacen viable su aprobación. La carta donde se detalla todas las observaciones para la aprobación en la Asamblea Legislativa de estos contratos ha sido firmada por los senadores Centa Rek y Henry Montero; además de los diputados Verónica Aguilera, Haydi Muñoz, María René Álvarez, Roxana Álvarez, y Erwin Bazán; todos de Creemos Santa Cruz. “El rechazo a los contratos de explotación del litio no solo proviene de sectores políticos o académicos, sino que se ha convertido en una manifestación generalizada de descontento en la sociedad boliviana. Diversos actores, desde organizaciones civiles hasta expertos en economía y medio ambiente, han expresado su preocupación por las condiciones desfavorables de estos acuerdos, que comprometen los recursos estratégicos del país sin asegurar beneficios claros para la población”, señala una de las partes salientes de la carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales. “Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente a este Organismo Internacional que tome conocimiento de esta situación y, en el marco de sus competencias, realice un llamado al Estado boliviano para que garantice el respeto a los principios democráticos, la transparencia en la gestión de los recursos naturales y la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas”, finaliza la misiva.