En un giro preocupante para el panorama legal y político de Guatemala, el Ministerio Público (Fiscalía) del país centroamericano ha arrestado a Claudia González, una destacada abogada que anteriormente se desempeñó como funcionaria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). González, conocida por su labor como defensora del ex fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, enfrenta acusaciones de abuso de autoridad en relación con su participación en la persecución penal contra la magistrada del Supremo Blanca Stalling.

La detención de Claudia González ha suscitado controversia y preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Según la Fiscalía, la abogada habría llevado a cabo acciones que constituyen abuso de autoridad en el marco de la persecución legal de la magistrada Stalling. Sin embargo, González ha afirmado que estas acusaciones son infundadas y ha denunciado la violación de sus derechos constitucionales durante su detención. Claudia González ha mantenido una activa labor en la defensa de figuras destacadas en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Además de su trabajo con Juan Francisco Sandoval, también ha representado a otros cuatro ex operadores de justicia que afirman ser víctimas de persecución política debido a sus esfuerzos por investigar y desmantelar estructuras de corrupción entre los años 2014 y 2020.

La detención de González y otros eventos recientes han sido objeto de críticas por parte de la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU han expresado su preocupación por las acciones de la Fiscalía guatemalteca, señalando que tales incidentes erosionan la confianza en el sistema judicial y en el Estado de Derecho en el país.

Este episodio se suma a una serie de incidentes similares en Guatemala, donde al menos 50 personas, incluyendo fiscales, jueces, abogados, periodistas y activistas, se han visto obligadas a exiliarse desde 2019. Estas personas alegan ser víctimas de persecución política por parte de la Fiscalía, liderada por Consuelo Porras. Además, la Fiscalía ha sido criticada por su supuesta interferencia en el proceso electoral y su manejo de investigaciones que parecieran tener motivaciones políticas.