La senadora Claudia Mallón, jefa de bancada de APB-BUNATE, formalizó una petición ante el Ministerio de Gobierno para que se ofrezca públicamente una recompensa de 100,000 dólares estadounidenses. Esta solicitud tiene como objetivo incentivar la entrega de información veraz y eficaz que permita la aprehensión del expresidente Evo Morales Ayma, quien actualmente es considerado prófugo de la justicia boliviana tras no presentarse ante los requerimientos judiciales.

En la nota oficial remitida al ministro Marco Antonio Oviedo, la legisladora fundamentó su pedido basándose en la existencia de un mandamiento de aprehensión vigente contra Morales. El exmandatario se encuentra procesado por el presunto delito de trata de personas, en un caso vinculado a menores de edad radicado en el departamento de Tarija, situación por la cual se ha sustraído de la acción de la ley.

Como precedente institucional para esta medida, la senadora recordó que en el año 2023 el Ministerio de Gobierno utilizó un mecanismo similar al ofrecer la misma suma de dinero para dar con el paradero del narcotraficante Sebastián Marset. Bajo esta lógica, Mallón exige que el Estado adopte una medida análoga para garantizar el cumplimiento de los mandamientos judiciales y la soberanía del sistema jurídico en casos de alta relevancia social.

El documento presentado bajo el derecho de petición constitucional subraya que es una obligación indeclinable del Ejecutivo facilitar la ubicación y captura de quienes tienen deudas pendientes con la justicia. La autoridad legislativa enfatizó que la gravedad de los delitos investigados en Tarija justifica plenamente el despliegue de recursos económicos para coadyuvar con el trabajo de la Policía Boliviana y el Ministerio Público.

La propuesta ha generado una fuerte repercusión en el ámbito político nacional, abriendo un debate sobre la efectividad de las recompensas en procesos de índole penal contra figuras públicas. Por el momento, el Despacho del Ministro de Gobierno ya ha recibido el CITE: CMNV N° 337/2026, y se espera un pronunciamiento oficial sobre la viabilidad presupuestaria y legal de esta exigencia planteada desde la Cámara de Senadores.