El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón, afirmó que el Estado tiene la responsabilidad de enfrentar los hechos de violencia que ponen en riesgo a las personas y a las instituciones democráticas, durante su participación en un foro sobre la situación de Bolivia realizado en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá.

Ralón fue uno de los expositores del foro denominado “Bolivia: protegiendo la democracia representativa del desorden violento”, donde destacó la importancia de preservar el orden democrático garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos y la libre expresión pacífica.

Durante su intervención, sostuvo que proteger la democracia representativa frente a escenarios de violencia constituye una tarea legítima y urgente. En ese sentido, señaló que el Estado debe actuar dentro del marco de la ley para garantizar la seguridad de la población y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

El presidente de la CIDH remarcó que el orden democrático y los derechos humanos no son conceptos opuestos, sino elementos que deben coexistir para fortalecer la convivencia y la estabilidad institucional.

Al referirse a la situación que atraviesa Bolivia, Ralón expresó su preocupación por las consecuencias que generan los conflictos prolongados y los bloqueos, especialmente cuando afectan el acceso de la población a servicios y recursos esenciales.

“Ninguna vida debe perderse por falta de agua, de alimentos, de medicamentos o de atención médica oportuna”, afirmó durante el evento. Asimismo, sostuvo que la violencia que pone en riesgo a las personas y a las instituciones democráticas no puede ser considerada una forma legítima de protesta.

El representante de la CIDH indicó que el diálogo debe ser siempre la primera vía para resolver los conflictos sociales y políticos. Sin embargo, señaló que cuando las instancias de diálogo se agotan y persisten acciones que ponen en riesgo la vida y la salud de la población, el Estado puede intervenir para restablecer el orden.

No obstante, precisó que cualquier actuación estatal debe desarrollarse bajo criterios de necesidad y proporcionalidad, respetando los estándares internacionales de derechos humanos. Además, enfatizó que los hechos de violencia, lesiones o fallecimientos que se produzcan durante estos conflictos deben ser investigados de manera pronta, independiente e imparcial.

Ralón también reiteró la disposición de la CIDH para acompañar al Estado boliviano y a los diferentes actores sociales mediante mecanismos de monitoreo y cooperación técnica que contribuyan a reducir la conflictividad, promover la cohesión social y facilitar procesos de diálogo.

El foro fue organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y las cancillerías de Bolivia y Argentina. Durante el encuentro participaron autoridades y representantes de distintos países miembros de la OEA, quienes expresaron su respaldo a la institucionalidad democrática boliviana.