La falta de una asignación presupuestaria garantizada por ley y el recorte de más del 70% de funcionarios judiciales desde diciembre podría llevar al colapso y a una demora considerable en el acceso a la justicia.

Esta crisis en el Órgano Judicial ya se está evidenciando en la atención al cliente. Por ello, esta máxima instancia busca ayuda de organismos internacionales para suplir necesidades que califican como “básicas y necesarias”.

El lunes, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM) se declararon en emergencia presupuestaria, una situación inédita según el Órgano Judicial, ante la falta de respuesta del Gobierno desde hace tres meses.

Romer Saucedo Gómez, presidente del TSJ, remarcó que la entidad no cuenta con un presupuesto fijo garantizado por ley para contratar a personal eventual que atienda al público litigante. Esto ha obligado a solicitar cada año al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la aprobación de fondos, los cuales en muchas ocasiones han sido recortados. “Esto nos hace depender del Ejecutivo, lo que afecta nuestra autonomía. Hemos tomado esta postura (declaratoria de emergencia presupuestaria) porque llevamos tres meses pidiendo que se atiendan nuestras necesidades básicas de funcionamiento. No hablamos de ítems nuevos ni de infraestructura”, afirmó Saucedo.

Para entender la dimensión del recorte presupuestario, la autoridad ejemplificó que, en el caso del departamento de Santa Cruz, la plataforma de atención al cliente contaba con 80 personas, pero por la falta de asignación de recursos el personal se redujo a solo 15 trabajadores para atender a casi 4 millones de habitantes. Estos cargos esenciales incluyen auxiliares de plataforma y de Derechos Reales, personal de ventanillas y otros funcionarios que trabajan con el sueldo básico y atienden directamente a los ciudadanos.

En el resto de las regiones, en Beni quedan 12 funcionarios en atención al cliente, mientras que en otros departamentos el número varía, pero la afectación es similar. “Sin el personal necesario, el servicio de justicia colapsa”, advirtió Saucedo.

“Así como hoy hay colas para conseguir gasolina, mañana veremos colas en los juzgados. La gente tendrá que esperar horas para obtener certificados de no violencia, realizar trámites en Derechos Reales o presentar nuevas demandas porque no habrá personal suficiente para atenderlos”, aseguró el presidente del TSJ.

Actualmente, el presupuesto del Órgano Judicial no llega ni al 0,4% del Presupuesto General del Estado, manteniendo un déficit financiero de Bs. 149 millones destinados para la gestión y la reforma judicial. Ante la petición de asignación de recursos, la respuesta del Ministerio de Economía ha sido que se debe esperar hasta junio para el reformulado presupuestario.

Ante esta situación, el TSJ está en coordinación con las otras dos altas cortes para acudir a organismos internacionales en busca de ayuda que garantice el acceso a la justicia en caso de que el Ejecutivo no atienda sus demandas.

Por su parte, el ministro de Justicia, César Siles, informó que convocará a las altas autoridades de justicia para sostener un diálogo. De manera puntual, indicó que se realizan reuniones con técnicos del Ministerio de Economía para evaluar esta situación. Sin embargo, aseguró que existió una mala planificación del Órgano Judicial en su presupuesto.

Finalmente, Saucedo señaló que la decisión de retirarse de la Comisión 898 (creada en la gestión de Evo Morales) responde a que esta ya cumplió su ciclo y porque permitía la injerencia de ministros y otras autoridades en el Órgano Judicial.