La Confederación Nacional de Prestatarios anunció una marcha para este martes desde la ciudad de El Alto rumbo a La Paz, en demanda de que la Ley de Diferimiento de Créditos —promulgada el 6 de noviembre por el entonces presidente Luis Arce— sea aplicada de manera efectiva. Según este sector, pese a que la ASFI emitió el 12 de noviembre de 2025 una instructiva comunicando a Asoban la vigencia de la Ley 1670, la normativa no está siendo ejecutada.

Los prestatarios denunciaron que el Ejecutivo estaría “castigando” a los deudores para favorecer a la banca privada, por lo que movilizarán sus bases como medida de presión.

Desde la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), su presidenta Helen Daza señaló que el sector también exige el cumplimiento estricto de la ley. Afirmó que no permitirán que la normativa quede suspendida y cuestionó que el Ministerio de Economía no haya explicado los motivos de esta situación, pese a que la ley cumplió todos los procedimientos establecidos.

Conamype informó que este martes sostendrá una reunión nacional y que, por la tarde, esperan ser recibidos por el vicepresidente Edmard Lara para exponer su preocupación. El sector advirtió que, si la norma no se aplica este mes, se realizarán protestas a nivel nacional en cada departamento.

“Hay un malestar a nivel nacional. No quisiéramos obstaculizar la gestión del nuevo presidente, pero tampoco podemos permitir que quieran suspender la ley”, expresó Daza.

Según una publicación de Urgente.bo, la ley de suspensión de ejecución de sentencias por créditos impagos y diferimiento de pagos continúa vigente, debido a que dos exmagistrados prorrogados del TCP retiraron sus firmas del recurso que inicialmente daba curso a su revisión.