La propuesta de redistribuir los ingresos públicos bajo el esquema “50/50” se posiciona como uno de los debates más relevantes del escenario político nacional. Impulsada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, la iniciativa ya toma forma en el proyecto denominado Ley de Equilibrio Territorial del Gasto, actualmente en proceso de socialización en distintas regiones del país, comenzando por Tarija.

El planteamiento central busca dividir los ingresos públicos en partes iguales: 50% para el nivel central del Estado y 50% para las entidades territoriales autónomas, que incluyen gobernaciones, municipios, universidades y autonomías indígenas.

Según el proyecto, la distribución del 50% destinado a las regiones sería la siguiente: 24% para municipios, 20% para gobernaciones, 5% para universidades públicas y 1% para pueblos indígena originario campesinos. Además, se propone que estas transferencias sean automáticas y directas, sin intermediación administrativa.

La normativa también establece que los recursos deben destinarse prioritariamente a servicios básicos, salud, educación, infraestructura productiva e innovación, y prohíbe su uso en gastos de funcionamiento, bajo riesgo de sanciones administrativas y penales.

Socialización y debate

El proceso de socialización comenzó en Tarija, con encuentros liderados por la senadora Marcela Guerrero, donde participaron distintos sectores sociales, como transporte, gremiales y organizaciones campesinas. El objetivo es recoger propuestas y construir una norma con participación regional.

Cuestionamientos técnicos

Pese al respaldo político, la iniciativa genera dudas en el ámbito técnico. Expertos advierten que no existe aún un análisis claro del impacto macroeconómico. Actualmente, el nivel central administra cerca del 80% del presupuesto nacional y asume gastos clave como deuda externa, subsidios a combustibles, defensa y programas sociales.

Reducir sus ingresos sin redefinir estas obligaciones podría provocar un desequilibrio fiscal significativo. Además, se cuestiona la capacidad de las regiones para administrar mayores recursos, considerando que gran parte de los municipios depende de transferencias estatales y enfrenta limitaciones estructurales.

Ante estas observaciones, el propio presidente Paz ha señalado que la implementación del modelo requerirá revisar decenas de leyes y decretos, por lo que su aplicación no sería inmediata y podría tomar un proceso prolongado.