La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Margot Pérez, aclaró este lunes que las órdenes de aprehensión contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar, no fueron anuladas, sino suspendidas de manera temporal.

Según explicó la autoridad judicial, la determinación se originó a partir de una acción de libertad que observó la falta de fundamentación y motivación en la solicitud presentada por el Ministerio Público para mantener dichas medidas.

Pérez indicó que los operadores de justicia que conocieron la acción de libertad determinaron que la Fiscalía debe fundamentar y motivar adecuadamente su decisión para sustentar medidas como los mandamientos de aprehensión. En ese sentido, precisó que la tutela concedida a ambos dirigentes únicamente repuso el derecho considerado vulnerado y no implica una suspensión definitiva de las órdenes.

La presidenta del TDJ señaló que corresponde al Ministerio Público reformular la solicitud observada y que, una vez cumplidas las exigencias establecidas por la acción de libertad, podrá volver a solicitar la ejecución de las medidas correspondientes.

La aclaración surge luego de que el Tribunal Segundo de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer de La Paz concediera la tutela solicitada por la defensa de Argollo y Salazar, dejando sin efecto temporalmente los mandamientos de aprehensión que pesaban sobre ambos dirigentes.

Durante los días previos, la COB y otros sectores movilizados habían condicionado su participación en un eventual diálogo con el Gobierno al levantamiento de las órdenes de aprehensión y a la otorgación de garantías para sus dirigentes.

Sin embargo, pese a la suspensión temporal de las órdenes y a las garantías ofrecidas por el Ejecutivo, Mario Argollo decidió no asistir al diálogo. En un ampliado de la COB, la dirigencia rechazó la convocatoria gubernamental y ratificó la continuidad de las medidas de presión y los bloqueos que afectan distintas rutas del país.

Los procesos abiertos contra Argollo y otros dirigentes están relacionados con los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones. Entre ellos figuran los disturbios ocurridos el 18 de mayo en La Paz, cuando se reportaron saqueos a comercios, robos a lustrabotas y vendedores ambulantes, además de daños a las instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia.