Uruguay ratificó su posición como la democracia más sólida de América Latina al alcanzar una puntuación de 73 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado este martes por la organización Transparencia Internacional (TI). Con este resultado, el país sudamericano se ubica en el primer lugar de la región, junto a Canadá (75) y Barbados (68), como una de las naciones menos afectadas por la corrupción en el continente.

No obstante, el informe advierte que incluso los países con mejores resultados no están exentos de los efectos del crimen organizado. En ese marco, TI señala que Uruguay también enfrenta problemas de violencia vinculados a la corrupción, lo que evidencia desafíos persistentes para la institucionalidad democrática.

La consejera regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, Luciana Torchiano, afirmó que la inacción gubernamental sostenida en gran parte de la región permitió el avance de redes criminales que debilitan las instituciones democráticas. En el caso uruguayo, si bien los indicadores siguen siendo altos en comparación regional, el informe identifica “retrocesos preocupantes” y un crecimiento limitado en materia de transparencia.

Según el reporte, Uruguay registró una caída de tres puntos respecto al informe anterior, al descender de 76 a 73 puntos, lo que implicó también un retroceso en el ranking mundial, del puesto 13 al 17. A pesar de ello, el país se mantiene por encima del umbral de los 70 puntos, una barrera que no ha cruzado desde 2012.

En contraste, otros países de la región como Brasil (35) y Argentina (36) obtuvieron puntuaciones que reflejan serios problemas institucionales. En paralelo, el avance del crimen organizado fue uno de los ejes centrales de la última Cumbre del Mercosur realizada en diciembre en Foz de Iguazú, donde los presidentes del bloque acordaron la creación de una comisión regional para enfrentar el crimen organizado transnacional.

Asimismo, un análisis del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), difundido en diciembre, advirtió que Uruguay se encuentra “asediado por el crimen organizado” y señaló la crisis del sistema penitenciario como un factor clave, recordando que el país registra una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.

Ante este escenario, Transparencia Internacional recomendó a los gobiernos de la región reforzar la lucha contra la corrupción, garantizar la independencia judicial y proteger el espacio cívico, como medidas esenciales para evitar que el dinero ilícito penetre en las estructuras del Estado.