A sus 61 años, el exministro de Gobierno y colaborador de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, Arturo Murillo, dejará el Centro de Detención Federal de Miami (Florida, Estados Unidos) el sábado 21. Al parecer, su “buen comportamiento” y la nueva decisión del Gobierno de Donald Trump lo favorecieron.

Murillo, junto con su exjefe de gabinete, Sergio Rodrigo Méndez, además de tres estadounidenses, Luis y Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, fueron arrestados entre el 21 y 22 de mayo en Florida, sindicados de participar en sobornos, entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Fueron acusados de conspiración y lavado de dinero.

Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que los detenidos fueron acusados de pagar 602 mil dólares en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano, en beneficio de Murillo, su exjefe de gabinete y otro funcionario boliviano

Los sobornos estaban destinados a que la empresa Bryan Berkman mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa de Bolivia, bajo la firma de un contrato por 5,6 millones de dólares, para la provisión de gases lacrimógenos y armas no letales para la Policía.

El 4 de enero de 2023, Murillo fue condenado en el país del norte, después de declararse culpable de lavado de dinero y recepción de sobornos, a cambio de ayudar a la empresa involucrada en acceder a un contrato de venta de material antidisturbios, que compró el Estado boliviano. Han pasado más de 880 días desde la condena, algo más de 29 meses, que inicialmente fue fijada en 70 meses de reclusión.

El activista y abogado de las víctimas de la masacre de Senkata, Thomas Becker, confirmó que la justicia estadounidense “cambió la fecha de su liberación. En principio, se publicó que sería el 21 de julio” de este año, en el portal de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), donde se lo identifica como el prisionero 02358506.

El jurista explicó que “lo más probable es que saldrá antes por razones de buen comportamiento”. Además, en 2023, la administración Trump emitió una ley para las personas recluidas en prisiones federales, que no tenían sentencia antes de aprobar una norma en ese año, para reducir sus penas”, dijo.

En el caso de Murillo, explicó, como se trata de su primer delito en Estados Unidos, pudo beneficiarse con la nueva ley y su buen comportamiento. Aunque en la justicia estadounidense se tiende a deportar a sus países de origen a las personas involucradas en delitos graves, como los que cometió Murillo, “con Donald Trump, cualquier cosa puede pasar”, mencionó Becker.