Este lunes 2 de febrero se inicia oficialmente la gestión escolar 2026 en Bolivia, marcada por nuevas disposiciones establecidas en la Resolución Ministerial 0001/2026, que introduce cambios en la convivencia escolar, la planificación pedagógica y la evaluación, en medio de un diagnóstico crítico sobre la calidad educativa y el anuncio gubernamental de revisar la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, vigente desde 2010.

Entre las medidas más visibles está la prohibición del uso de celulares en el aula, tanto para estudiantes como para maestros, con el objetivo de reducir distracciones y reforzar prácticas tradicionales de lectoescritura. La normativa también ratifica que el uso del uniforme no es obligatorio, y que ningún estudiante puede ser impedido de ingresar a clases por no portarlo, dejando la decisión a cada unidad educativa mediante reglamentos internos consensuados.

Uno de los puntos más debatidos es la eliminación de los textos escolares oficiales para esta gestión. En su lugar, se promueve que los maestros elaboren materiales propios o sugieran bibliografía complementaria, siempre que no represente gastos excesivos para las familias. Al respecto, el pedagogo y secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, Wilson Velázquez, recordó que en 2025 los textos oficiales llegaron tarde, con observaciones y sin cobertura total.

La Resolución Ministerial 0001/2026 también garantiza 200 días hábiles efectivos de clases, elimina las actividades extracurriculares impuestas y flexibiliza el calendario según contextos regionales. Las clases concluirán el 2 de diciembre y el cierre administrativo está previsto para el 11 de diciembre.

En el ámbito de la evaluación, se elimina la dimensión “decidir” y se redefine la ponderación: Ser (10 puntos), Saber (45 puntos), Hacer (40 puntos) y Autoevaluación (5 puntos). Desde sectores del magisterio, este ajuste es interpretado como un intento de reequilibrar el peso del conocimiento académico.

El inicio de clases coincide además con el anuncio de la ministra de Educación, Beatriz García, de revisar y reformar la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, con el objetivo de promover una educación orientada a la calidad y acorde al siglo XXI. La autoridad aseguró que el proceso será participativo y que el magisterio tendrá un rol central.

Desde el Magisterio Urbano, Velázquez reiteró críticas a la normativa vigente, señalando que durante años se priorizaron saberes ancestrales en desmedro del avance científico y tecnológico, especialmente en el nivel secundario, donde —según indicó— los contenidos no eran secuenciales ni acordes a la edad.

Las observaciones del sector docente coinciden con estudios recientes sobre calidad educativa. El diagnóstico preliminar de secundaria 2023, aplicado a 3.600 estudiantes de sexto de secundaria, revela bajos niveles de aprobación en matemáticas, física y química, además de deficiencias en escritura. A esto se suma un informe de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), que advierte serias dificultades en comprensión lectora y matemática, además de más de 300.000 adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo.

Pese a que Bolivia destina cerca del 8% del PIB a educación y atiende a casi 3 millones de estudiantes, el 87% de ellos en el sistema público, persiste el desafío de mejorar la calidad educativa. La gestión escolar 2026 comienza así entre nuevas reglas, diagnósticos alarmantes y un debate estructural que podría marcar un punto de inflexión en el modelo educativo del país.