La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) rechazó el acuerdo firmado el martes entre el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, y el Gobierno para postergar la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, referida a los decomisos de productos en caso de agio y especulación, hasta llegar a un acuerdo y consenso sobre su implementación.

Jean Pierre Antelo, presidente de la Cainco, expresó en sus redes sociales que "llamar acuerdo a una dilación para reglamentar una norma que debe ser abrogada es aceptar su principio, y en este caso, el principio es nefasto: facultar al Estado a confiscar productos bajo el pretexto del agio es dinamitar la seguridad jurídica de la cadena productiva".

Ayer, la CEPB y el Gobierno acordaron congelar la aplicación de la disposición séptima de la Ley Financial mientras no se alcancen consensos y se garantice la propiedad privada.

"La cadena productiva está cansada de estar en el banquillo de los acusados, de que se le frene la exportación y se le infunda miedo para comercializar en su propio país. No son privilegios, son reglas claras. La única solución es la abrogación inmediata como muestra de visión país", señaló Antelo en X.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) indicó que el sector no participó en el acuerdo con el Gobierno y calificó el convenio como una "jugada" del Ejecutivo.

"Y decirle que la CEPB nunca participó en un ningún ampliado de esta cadena productiva, nunca se acercó a este comité multisectoral a nivel nacional, entonces yo les pregunto a ellos cómo una ley se pone en pausa. La Ley y este artículo, su única salida es la derogación, es lo que exigimos nosotros como sectores. Es una jugada más del Gobierno, lo sabemos y que tiene que ser derogada", afirmó el presidente en ejercicio de la CAO, Klaus Frerking.