Como Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, y en representación del sector formal del comercio en el país, reafirmo nuestro rechazo a la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado 2025. Consideramos que el agio y la especulación ya están debidamente regulados en el Código Penal, por lo que no existe justificación para incluir este artículo en el presupuesto.

Esta disposición afecta al sector productivo, genera inseguridad jurídica, incentiva el contrabando, desalienta la inversión y duplica normativas ya existentes. A pesar de que el Gobierno ha explicado sus razones para mantener esta disposición, consideramos que estas son erradas y no justifican su permanencia. Las organizaciones empresariales han argumentado ampliamente sobre la falta de sentido de esta medida.

El Ministro de Justicia y Transparencia Institucional extendió una invitación para participar en una reunión el 28 de enero, con el fin de exponer nuevamente los alcances y repercusiones de la disposición adicional séptima. Sin embargo, al prever que esta reunión solo reiterará posturas ya conocidas, hemos decidido no asistir.

La Cámara Nacional de Comercio aprovecha esta oportunidad para expresar su solidaridad con las organizaciones empresariales bolivianas y rechaza la actitud irrespetuosa del Gobierno hacia instituciones como CAIDEPO, que representan importantes fuerzas productivas, particularmente en el Departamento de Santa Cruz. Recordamos a los gobernantes que su labor es en favor de todos los bolivianos, no únicamente de aquellos que comparten su visión política.

La CNC continuará trabajando en defensa de la economía boliviana y de las familias que aportan al desarrollo del país.