Cívicos cruceños respaldan eventual Estado de excepción por la crisis de bloqueos
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que la propuesta de aplicar un Estado de excepción tiene legitimidad debido a los hechos violentos registrados durante los bloqueos que afectan al país y al prolongado conflicto que se mantiene desde hace más de un mes.
Según el dirigente cívico, la escalada de la conflictividad y las consecuencias derivadas de las medidas de presión respaldan la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias para restablecer el orden. En ese marco, sostuvo que la decisión final corresponde a las autoridades nacionales.
“Todos han hecho su parte para que se llegue a un Estado de excepción totalmente respaldado en los hechos, porque ya hay más de 10 muertos en todo el país ocasionados por estos delincuentes de los puntos de bloqueo. Ya son 34 días de bloqueo político totalmente injustificado en el país”, manifestó Cochamanidis.
El representante cívico señaló que, a su criterio, los bloqueos han dejado de responder a demandas sectoriales y se han transformado en una medida de carácter político. Bajo esa evaluación, consideró que las personas que sean aprehendidas durante operativos de desbloqueo deben enfrentar procesos judiciales por las afectaciones ocasionadas a la economía nacional y a la circulación de bienes y servicios.
Cochamanidis también remarcó que el presidente Rodrigo Paz y su gabinete son los responsables de conducir la respuesta estatal frente a la actual crisis. “Rodrigo, hoy, es el único responsable con su gabinete de lo que pueda pasar en este país. Esperemos que lo que pase sea lo que la población ha pedido”, expresó.
Asimismo, sostuvo que el respaldo ciudadano que observa hacia la propuesta de Estado de excepción no responde a un apoyo a determinadas autoridades o figuras políticas, sino a la necesidad de recuperar la estabilidad, garantizar la democracia y restablecer las condiciones para el funcionamiento normal del país.
Las declaraciones se producen en medio de un escenario marcado por 34 días de protestas y bloqueos en distintas regiones, situación que mantiene afectadas diversas actividades y servicios en el territorio nacional.
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