La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) solicitó formalmente a la Sala Constitucional Primera de Potosí un plazo de cinco años, abarcando desde 2025 hasta 2030, para completar la mitigación de los hundimientos en el Cerro Rico. Según el reporte institucional, la estatal informó que existen 126 hundimientos, de los cuales 22 ya fueron soterrados por completo. El plan con relleno seco de emergencia busca resolver las incidencias geológicas que persisten debido a décadas de explotación minera.

El informe técnico de COMIBOL (CITE: OTP-GRPT-IT-513/2025) detalla que el cronograma se ejecutará en tres etapas principales para asegurar la intervención geológica. La primera fase contempla el traslado de más de 718.000 metros cúbicos de material de detritos de Pailaviri. La segunda y tercera etapas implican el recubrimiento con material impermeable y tierra triturada, respectivamente, culminando con la implementación de cuatro áreas de control para devolver la gradiente geológica al macizo rocoso.

La solicitud de los cinco años surge después de que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí exigiera a la estatal minera presentar un "cronograma de relleno seco de emergencia" en un plazo de cinco días. El abogado de COMIBOL en Potosí, José Navarro, explicó que se entregó el plan de mitigación en la fecha prevista para responder a la orden constitucional y lograr que los vocales otorguen el tiempo "real y suficiente" para encarar una solución seria y permanente.

Mientras COMIBOL busca el plazo para la mitigación y controla minuciosamente la extracción de óxidos de plata, los cooperativistas mineros continúan trabajando en los alrededores del Cerro Rico. El sector exigió a las autoridades mineras la concesión de otras áreas de explotación para poder desalojar el emblema nacional. Sin embargo, este pedido fundamental para la preservación geológica del macizo rocoso aún no ha sido concedido por las autoridades competentes.