Una de las principales críticas al gobierno saliente es que deja una economía sin seguridad jurídica. Este concepto fue central en debates y discursos electorales, y estuvo presente en prácticamente todos los programas de gobierno. Incluso el presidente Rodrigo Paz, horas antes de asumir el mando, destacó la necesidad de que la seguridad jurídica retorne al país. Sin embargo, el texto plantea que pocas veces se explica con claridad en qué consiste este término, lo que puede generar interpretaciones peligrosas.

La reflexión señala que la seguridad jurídica se entiende mejor al analizar sus dos componentes. Por un lado, la seguridad implica baja incertidumbre y la posibilidad de prever resultados. Por otro lado, lo jurídico se relaciona con las normas que regulan la convivencia social, especialmente el derecho de propiedad, el cual define los límites de acción de cada individuo y establece quién es poseedor o no de un bien.

La seguridad jurídica, entonces, se define como una condición donde las personas viven bajo un marco legal con dos características esenciales:

Leyes claras, que definan sin ambigüedad los derechos y obligaciones de gobernantes y gobernados.

Garantías de aplicación, que aseguren que estas normas se cumplirán de manera oportuna y correcta.

El texto señala que, cuando las leyes no son claras o no existen garantías de aplicación, la incertidumbre reemplaza a la certeza, volviendo imposible hablar de seguridad jurídica.

Como ejemplo, se menciona que la normativa boliviana contiene términos ambiguos que abren la puerta a múltiples interpretaciones. Se citan los artículos 56.I y 56.II de la Constitución Política del Estado, que mencionan que la propiedad privada debe cumplir una “función social” y no perjudicar el “interés colectivo”. Según la reflexión, estos conceptos imprecisos generan incertidumbre para inversionistas y propietarios.

El análisis también destaca que, incluso con leyes más claras, persisten problemas en su aplicación. Se menciona el caso de más de trescientos predios ocupados por avasalladores, especialmente en Santa Cruz, cuestionando cómo estas situaciones pueden ocurrir si la Constitución garantiza el derecho a la propiedad. El texto atribuye esto a la burocracia excesiva y a la corrupción, que generan arbitrariedad y dejan al ciudadano expuesto a decisiones discrecionales.

Finalmente, se concluye que Bolivia necesita seguridad jurídica, pero ello requiere que las autoridades repiensen este concepto. Se plantea la necesidad de reglas claras y leyes precisas, acompañadas por un Estado capaz de hacerlas cumplir, proteger derechos y garantizar el respeto a los contratos. De lo contrario, la seguridad jurídica seguirá siendo lejana en un contexto de alta incertidumbre.