Los diputados de la alianza Unidad, Alejandro Reyes y Carlos Alarcón, presentaron un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para restituir los derechos y funciones a los militares y policías procesados por su participación en la crisis de Estado de 2019. La iniciativa propone dejar sin efecto las bajas y sanciones administrativas o disciplinarias que fueron impuestas durante el gobierno de Luis Arce. Según los legisladores, estas sanciones estuvieron fundamentadas en acusaciones falsas de amotinamiento y conspiración golpista.

La normativa propuesta no solo busca el restablecimiento de los efectivos en los cargos y funciones que desempeñaban al momento de su destitución. También dispone que los policías y militares afectados accedan a la totalidad de los sueldos no percibidos desde el día de su destitución hasta su restitución efectiva. Además, la ley busca que los efectivos puedan gozar de todos sus derechos profesionales, institucionales y sociales, permitiendo que sus familias puedan reclamar reparaciones adicionales por daños y perjuicios a los servidores públicos responsables.

El proyecto de ley se sustenta en que los procesos judiciales, llevados adelante bajo la premisa de un "inexistente" golpe de Estado, constituyeron una "infame persecución política". Los diputados argumentan que los efectivos se pusieron al lado del pueblo para defender el orden constitucional y democrático, así como la vida y seguridad de los ciudadanos, frente a la tiranía y el fraude electoral. Reyes enfatizó que el objetivo de la ley no es el indulto, sino un acto de justicia, verdad y reparación histórica.

El legislador Alejandro Reyes recalcó que la ley es un acto de justicia hacia aquellos hombres que defendieron la democracia y la seguridad frente al fraude electoral perpetrado por el expresidente Evo Morales. La norma pretende ser un resarcimiento a quienes fueron víctimas de persecución política por oponerse al intento de "destruir" el país con tal de quedarse indefinidamente en el poder. La propuesta ahora deberá ser evaluada y debatida en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).