La situación del exejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), A. D., vuelve a generar debate público tras su imputación dentro del caso Botrading. Versiones extraoficiales apuntan a que habría abandonado el país rumbo a Brasil, mientras desde distintas instancias políticas se exige a las autoridades activar con prontitud los mecanismos internacionales de búsqueda.

El fiscal del caso señaló que la imputación se sustenta en más de 40 elementos de convicción obtenidos en entrevistas y registros. Advirtió que, si el investigado no comparece ante la autoridad competente, se aplicarán las medidas correspondientes, como sello azul, sello rojo o la solicitud de extradición.

Desde el PDC, un representante departamental indicó que existe demora institucional y pidió avanzar en la extradición ante la información no oficial sobre la permanencia del exfuncionario en territorio brasileño.

En la oposición, una diputada cuestionó la actuación de los fiscales y sostuvo que en la primera convocatoria el investigado “debió haber sido detenido”, señalando un posible incumplimiento de deberes por parte de las autoridades encargadas del caso.

El abogado de la parte denunciante informó que aún no hay fecha para la audiencia cautelar, aunque ya se notificó la imputación al juez. Consideró que, si el exejecutivo no se presenta, corresponde activar el sello rojo mediante Interpol.

Desde la Policía, un jefe nacional explicó que están a la espera del requerimiento oficial para activar los mecanismos de búsqueda, ubicación y aprehensión asociados al sello rojo.