El Senado boliviano ha enfrentado complicaciones en la convocatoria para la elección del nuevo fiscal general del Estado, generando preocupación entre los legisladores y la ciudadanía.

Roberto Padilla, presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural del MAS, ha denunciado que la sesión para discutir la designación del nuevo fiscal ha sido suspendida por falta de quórum, a pesar de que se había planificado para esta semana.

Padilla cuestionó la decisión de convocar la sesión con retraso, argumentando que la falta de presencia de varios diputados es una táctica para acortar los plazos de deliberación.

Según el reglamento, la convocatoria debería haberse realizado con 24 horas de anticipación, lo que no se cumplió.

Esto ha generado sospechas de que el Gobierno podría estar intentando influir en el proceso para evitar un debate completo.

El senador expresó su desconfianza hacia el proceso, temiendo que el Ejecutivo esté considerando nombrar al nuevo fiscal general por decreto, en lugar de seguir el procedimiento legislativo establecido.

Padilla destacó que esta situación recuerda a los problemas experimentados durante las elecciones judiciales, donde las demoras y las maniobras políticas llevaron a una crisis.

En caso de que la convocatoria sea aprobada el lunes, Padilla advirtió que la Comisión Mixta de Justicia Plural tendría un plazo de 45 días para completar el proceso de preselección, mientras que el tiempo restante para la Asamblea Legislativa sería considerablemente menor.

Sin embargo, el cumplimiento de estos plazos dependerá de la cooperación de todos los legisladores.

La incertidumbre en torno al proceso de selección del fiscal general ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes exigen que el nombramiento se realice conforme a la Constitución y no a través de medidas unilaterales.

Padilla y su equipo están comprometidos en cumplir con el mandato constitucional y evitar que el proceso sea manipulado.

El Senado y la ciudadanía permanecen atentos al desarrollo de esta situación, que podría definir el futuro de la justicia en Bolivia y la transparencia del proceso de selección de autoridades.