El Gobierno de Rodrigo Paz identificó responsabilidades de exautoridades vinculadas a al menos cinco entidades estatales que habrían formado parte de un esquema de avales financieros que permitió a empresas públicas endeudarse, postergar pagos y recibir transferencias del Tesoro General del Estado sin estudios de factibilidad.

De acuerdo con un diagnóstico preliminar, el esquema involucró a los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, Minería, Hidrocarburos, además del Banco Central de Bolivia. Según el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, estas instancias avalaron de manera reiterada ampliaciones de periodos de gracia para deudas, asunción de obligaciones por parte del Gobierno central y transferencias que funcionaron como mecanismos de salvataje.

Linares explicó que el Ministerio de Economía autorizaba la ampliación de plazos para el pago de deudas al Banco Central, mientras que el nivel central asumía obligaciones financieras mediante transferencias. A su vez, otros ministerios sectoriales respaldaban proyectos sin estudios técnicos, financieros ni de mercado que justificaran su viabilidad.

El 15 de diciembre, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, presentó un informe sobre las empresas públicas creadas durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo. En ese reporte se señaló que, de 67 empresas, solo tres registran rentabilidad: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Empresa Nacional de Electricidad y la Corporación Minera de Bolivia.

Según el informe oficial, se invirtieron Bs 53.945 millones de las reservas internacionales, equivalentes a 7.750 millones de dólares, de los cuales solo se recuperó el 18 por ciento en casi dos décadas. El resto de los recursos, estimados en unos 6.000 millones de dólares, sería de difícil recuperación.

El diagnóstico gubernamental sostiene que este modelo permitió sostener empresas inviables, profundizando su dependencia de recursos fiscales y generando daño económico al Estado. Linares remarcó que no existían estudios de factibilidad ni de mercado que respaldaran la creación de varias empresas públicas.

Asimismo, se identificó que muchas transferencias realizadas desde el Tesoro General del Estado fueron registradas como aportes de capital, aunque en la práctica se destinaron a cubrir gastos corrientes que las empresas no podían asumir.

Al menos una treintena de exautoridades pasaron por los principales cargos de las entidades bajo análisis desde 2006. El Gobierno informó que actualmente se realiza una evaluación empresa por empresa para establecer responsabilidades, proceso que estará a cargo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, cuyas propuestas serán analizadas por el presidente y los ministros.

Linares indicó que existen indicios iniciales de mal manejo, daño económico al Estado y posibles hechos de corrupción.