El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, José Maurice Castro Pautrat, advirtió que la lucha contra el contrabando en Bolivia enfrenta serias limitaciones estructurales debido a la extensa frontera del país y la reducida cantidad de personal operativo disponible. La autoridad informó que Bolivia tiene casi 7.000 kilómetros de frontera, de los cuales el 52% corresponde a frontera seca y el 48% a frontera fluvial, lo que dificulta las tareas de control y vigilancia.

Castro Pautrat explicó que el Estado cuenta únicamente con alrededor de 400 efectivos especializados para enfrentar el contrabando, lo que impide cubrir todos los pasos fronterizos de manera simultánea. A esta limitación humana se suman deficiencias logísticas, infraestructura precaria, restricciones en movilidad y comunicación, además de la presencia de poblaciones asentadas en zonas de seguridad fronteriza que requieren una presencia permanente del Estado.

La autoridad recordó que desde la creación del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en 2018 no se renovaron los medios de transporte asignados a esta labor, lo que afecta directamente el trabajo operativo en frontera. Asimismo, señaló que en los últimos años se descuidó la planificación estratégica del instrumento de defensa, lo que debilitó las capacidades operativas de la entidad encargada de proteger los intereses del Estado.

Pese a este escenario, el viceministro anunció que se intensificaron los controles en los puntos fronterizos más vulnerables, especialmente en el contrabando de gas y combustibles. Detalló que se realiza el despliegue del Comando Estratégico Operacional y la supervisión directa de mandos militares en zonas críticas, además de la optimización de los recursos disponibles.

Castro Pautrat indicó que se priorizarán los pasos fronterizos críticos y se adaptarán los procedimientos a las nuevas modalidades de contrabando. También destacó la coordinación interinstitucional para intervenir toda la cadena del contrabando, desde la producción hasta la comercialización, y anunció una campaña de sensibilización ciudadana para fortalecer el respaldo social a estas acciones.

Finalmente, remarcó que el contrabando debilita al Estado, afecta a la industria nacional y vulnera el mercado interno, por lo que reiteró que la lucha contra este ilícito requiere el compromiso conjunto del Estado y la sociedad.