La Paz. Raúl O.C., acusado de contrabando de combustible y sorprendido en flagrancia cambiando la placa de su camión para recargar diésel, fue beneficiado con arresto domiciliario y arraigo, según determinó el juez 13° de Instrucción Anticorrupción de Violencia Contra la Mujer de La Paz. Esta decisión ha desatado críticas por la gravedad de las pruebas presentadas en su contra.

“El juez ha dispuesto una detención domiciliaria, un pago de Bs 30 mil y el arraigo correspondiente”, informó la fiscal Gabriela Astorga, quien cuestionó la medida al considerar que existen suficientes indicios para justificar la detención preventiva en el Penal de San Pedro. “El Ministerio Público ya ha apelado esta determinación y estamos a la espera de la audiencia correspondiente para que se revise la decisión”, agregó la fiscal.

Operativo y hallazgos El caso inició el pasado 6 de diciembre, cuando personal de inteligencia de la Policía Nacional identificó una actividad sospechosa en la estación de servicio Interoceánico, en la carretera a Laja. Raúl O.C., conductor de un camión Volvo, fue sorprendido cambiando la placa de su vehículo. En el parabrisas delantero del motorizado se hallaron dos placas distintas, lo que levantó sospechas de actividades ilícitas.

Tras el incidente, las autoridades realizaron un allanamiento en el domicilio del acusado, ubicado en la ciudad de El Alto. Durante el operativo, se encontraron 13 bidones, cuatro tanques metálicos y dos bombas eléctricas, presuntamente utilizados para almacenar y comercializar diésel de manera ilegal.

Imputación y cuestionamientos Raúl O.C. fue imputado por los delitos de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel, acciones que atentan contra la normativa nacional sobre el manejo y distribución de combustibles. A pesar de estas evidencias, la decisión del juez de otorgarle arresto domiciliario ha generado preocupación en sectores que exigen sanciones más severas para frenar el contrabando de combustibles.

Las autoridades recordaron que el contrabando de combustible no solo afecta la economía nacional, sino que también pone en riesgo la seguridad pública, por lo que se han intensificado los controles en estaciones de servicio y operativos en regiones fronterizas.

Mientras se espera la resolución de la apelación, el caso sigue en el foco público, marcando un precedente en el tratamiento judicial de delitos relacionados con el contrabando de combustibles.