La Defensoría del Pueblo en Bolivia ha registrado un total de 25.515 casos de vulneración de derechos humanos hasta el 24 de diciembre de 2024. De estos, 3.140 casos corresponden a la vulneración de las garantías al debido proceso y acceso a la justicia, lo que convierte a este derecho en el más afectado. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, presentó el balance anual durante el programa "El Defensor con el Pueblo", destacando que estas denuncias son atendidas por los servidores públicos de la entidad, quienes trabajan para restituir los derechos vulnerados.

Callisaya destacó que, si bien la Defensoría tiene como mandato la promoción y difusión de los derechos humanos, también juega un papel crucial en la protección y restitución de estos derechos. La autoridad mencionó que las vulneraciones reflejan una debilidad institucional en el ámbito judicial del país. En particular, las instituciones más denunciadas incluyen el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Policía Boliviana y la Dirección General del Régimen Penitenciario, con 1.844, 1.843, 1.153 y 671 denuncias, respectivamente.

Además de los derechos al debido proceso, otros derechos vulnerados incluyen el derecho de petición y respuesta (2.294 casos), los derechos de la niñez y adolescencia (1.898 casos), el derecho a vivir sin violencia para menores (1.084 casos) y el derecho a la educación (1.021 casos). A lo largo de 2024, la Defensoría del Pueblo ha atendido estos casos en sus 21 oficinas a nivel nacional, a través del Sistema de Servicio al Pueblo (SSP).

La gestión de 2024 ha sido destacada por un incremento en el número de denuncias, con 25.515 casos reportados, lo que señala una recuperación en la credibilidad de la Defensoría del Pueblo. Este aumento en las denuncias refleja una creciente confianza de la población en la institución, que está siendo reconocida por su papel en la restitución de los derechos humanos en Bolivia. Según los informes, se ha observado un ascenso en el número de casos reportados en 2022, 2023 y 2024, lo que ha consolidado la imagen de la Defensoría como una entidad confiable y comprometida con la protección de los derechos humanos.