La Procuraduría General del Estado solicitó a la Fiscalía la emisión de órdenes de aprehensión contra el exministro Juan Ramón Quintana y los dirigentes campesinos Humberto Claros y Ponciano Santos, por su presunta participación en la organización de actos de terrorismo y otros delitos. El pedido, que fue dirigido a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas y en Delitos Tributarios y Aduaneros, se basa en las investigaciones relacionadas con los bloqueos ocurridos en diversas regiones del país durante las últimas semanas.

Este caso, inicialmente abierto contra Teodoro Menacho y otros, fue ampliado el 3 de noviembre para incluir a Quintana, Claros y Santos, figuras cercanas al expresidente Evo Morales. La Procuraduría señaló en su solicitud que estas personas estarían involucradas en la creación y organización de “grupos irregulares” que promovieron y dirigieron los bloqueos en diferentes puntos del país, los cuales afectaron gravemente la circulación y el acceso a diversas regiones.

Según el informe de la Procuraduría, los bloqueos fueron impulsados por el denominado Estado Mayor del Pueblo, una organización con vínculos con Morales, con el objetivo de presionar al Gobierno y exigir soluciones a diversas demandas sociales. Durante los días de protestas, se registraron fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden, con varios puntos de bloqueo particularmente conflictivos en los municipios de Mairana (Santa Cruz) y Parotani (Cochabamba).

En estos puntos, las fuerzas policiales intentaron despejar las rutas bloqueadas, utilizando gases lacrimógenos y otros métodos para dispersar a los manifestantes. Sin embargo, los bloqueadores respondieron con agresión, lanzando piedras, petardos, dinamita e incluso trampas cazabobos, lo que resultó en numerosos policías heridos, algunos de ellos de gravedad. Además, varios manifestantes fueron detenidos durante los operativos.

Ante la escalada de la violencia y los riesgos de un conflicto mayor, las organizaciones sociales que promovían los bloqueos decidieron declarar una pausa de 72 horas en las protestas, exigiendo al Gobierno que inicie un proceso de diálogo. Este plazo fue dado para permitir la apertura de una mesa de negociaciones y evitar más enfrentamientos.

La Procuraduría, por su parte, reiteró su solicitud de aprehensión de los mencionados exfuncionarios y dirigentes, argumentando que las acciones de estos individuos representan una grave amenaza para la seguridad y el orden público en el país. La solicitud está en manos de la Fiscalía, que ahora deberá determinar si procede con las órdenes de aprehensión y las investigaciones correspondientes.