El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, valoró los acuerdos alcanzados este martes durante el Encuentro por la estabilidad y democracia que fue convocado por el presidente Luis Arce Catacora. Uno de los puntos importantes de las conclusiones es que se garantiza las elecciones generales que se desarrollarán en agosto de 2025.

En esta reunión también participaron los representantes de altas cortes como el presidente del Tribunal Agroambiental (TA) Richard Méndez y el presidente del Consejo de la Magistratura (CA), Manuel Baptista. A la salida de la Casa Grande del Pueblo, el titular máximo de Justicia aseveró que “ningún juez debe convertirse en mercenario, ni ponga en riesgo los próximos comicios generales” desestabilizando así la democracia.

“Hemos logrado acuerdos importantes donde ratificamos ese compromiso democrático de que las elecciones se puedan llevar adelante en agosto, para que ningún juez quiera convertirse en mercenario de la democracia”, afirmó Saucedo.

La declaración de la autoridad tiene antecedente en las elecciones parciales Judiciales, las mismas que se desarrollaron en diciembre de 2024, las cuales tenían que realizarse en 2023; sin embargo, por los múltiples amparos que presentaron los candidatos el proceso se paralizó en varias oportunidades.

Sobre las demandas del Órgano Judicial como el presupuesto que manejará esta gestión, según lo asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Méndez indicó que se busca garantizar la independencia judicial. Mientras que Róomer Saucedo señaló que se tiene un compromiso del Órgano Judicial para dar solución hasta este viernes a través de técnicos de reparticiones ministeriales, a fin de dar a la sostenibilidad financiera que necesitan para la contratación de personal.

Órgano Judicial manifestó que la falta de una asignación presupuestaria garantizada por ley y el recorte de más del 70% de funcionarios judiciales desde diciembre de 2024, llevará a un colapso y demora en el acceso a la justicia.

Dijo que actualmente el presupuesto del Órgano Judicial no llega ni al 0,4% del Presupuesto General del Estado. Mantienen un hueco financiero de Bs. 149 millones que estaba destinado para enfrentar su gestión y la reforma judicial.