Transparencia: Los otros dos hijos de Arce disimularon legalidad en préstamo para lavar dinero
El Viceministerio de Transparencia investiga a Rafael Ernesto y Camila Daniela Arce Mosqueira por un presunto financiamiento irregular utilizado en la compra de un predio productivo en el departamento de Santa Cruz, cuyo valor real sería superior al declarado ante una entidad bancaria.
Según el viceministro Yamil García, existe la hipótesis de que el crédito obtenido habría sido utilizado para dar apariencia de legalidad a recursos presuntamente provenientes de hechos de corrupción. “Sostenemos la hipótesis de que se había generado el financiamiento bancario para darle una apariencia de legalidad cuando, en el fondo, los recursos públicos eran provenientes de hechos de corrupción”, afirmó.
El inmueble rural denominado “Adán y Eva” habría sido adquirido por un monto de 3,3 millones de dólares, casi en su totalidad mediante un préstamo bancario otorgado cuando los involucrados tenían 20 y 25 años. Sin embargo, las autoridades observan que ninguno de los dos demostró ingresos suficientes para acceder a ese nivel de financiamiento.
Además, se identificó que el valor real del predio sería al menos un millón de dólares mayor al registrado en el banco, lo que refuerza las sospechas en torno a la operación. Tampoco se habría justificado el origen de los 280.000 dólares entregados como anticipo.
“Una persona de 25 años difícilmente podría haber cumplido los requisitos para acceder a un financiamiento de esas características”, señaló García.
En este contexto, Rafael Ernesto Arce Mosqueira fue declarado rebelde tras no presentarse a su audiencia cautelar, por lo que actualmente es buscado por la Policía. Según la autoridad, este caso forma parte de una línea investigativa más amplia que incluye varios procesos penales en su contra.
Asimismo, las investigaciones alcanzan otros bienes vinculados al investigado, entre ellos un departamento tipo dúplex en La Paz, dos bauleras y dos vehículos de alta gama, los cuales también son analizados en el marco de un presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Las pesquisas continúan para esclarecer el origen de los recursos y determinar responsabilidades dentro de este caso.
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