Las autoridades brasileñas rescataron en la última década a 965 inmigrantes, 923 de ellos latinoamericanos, que se encontraban en una situación de esclavitud laboral.

Del total de extranjeros liberados durante operaciones de la Inspección del Trabajo entre 2013 y septiembre de 2023, la nacionalidad más numerosa fue la boliviana, con 331 personas.

Le siguieron los paraguayos, con 270 personas; los haitianos, con 146; los venezolanos, con 97, y los peruanos, con 65.

También fueron liberados trabajadores de fuera de la región, entre ellos 37 chinos.

La mayoría de los rescatados estaba empleado en los sectores textil y agrícola, y más de la mitad trabajaba en São Paulo (506), el estado más poblado del país.

El Código Penal brasileño considera el trabajo esclavo, castigado con penas de entre dos y ocho años de prisión para quien lo practica, como aquel que incluye jornadas “agotadoras”, condiciones “degradantes” y restricciones a la movilidad.

Jornadas de 17 horas sin contrato ni días de descanso, y con los documentos de identidad requisados, forman parte del paquete de precariedad al que muchos inmigrantes se enfrentan, según relataron a EFE varias mujeres bolivianas que se dedican a la costura.

“Están en una situación de vulnerabilidad por su condición migratoria, porque no conocen la legislación y no tienen documentación. Por esa razón, están dispuestos a aceptar condiciones inaceptables”, explica a EFE Matheus Viana, jefe de la división del Ministerio del Trabajo encargada de combatir esta práctica.

En la última década, las autoridades rescataron a poco más de 15.000 personas, en su mayoría de ciudadanía brasileña, aunque hay una tendencia a la baja.

Del máximo de 2007, cuando fueron liberadas más de 6.000 personas, se ha pasado a las 2.481 de 2022.

“De la misma forma que la inspección de trabajo se ha profesionalizado, el trabajo esclavo también lo ha hecho y ahora es menos visible que antes. Tenemos que buscar activamente a las víctimas y no esperar a recibir denuncias”, dice Viana.

El número de fiscales que auditan las empresas ha caído al menor nivel en casi tres décadas y la mitad de los puestos está vacante, según el sindicato del ramo. La última ronda de contrataciones fue hace 10 años.

Viana reconoce que esta situación es “gravísima” y que ha afectado a la capacidad de los inspectores para llevar a cabo auditorías, pero apunta a la intención del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de contratar a nuevos fiscales de cara al próximo año.