La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro rechazó este miércoles ante el Supremo Tribunal Federal (STF) que su cliente haya participado en un complot golpista, calificando la acusación de la Fiscalía de meras “suposiciones”. La sesión dejó el juicio listo para la entrega de la sentencia, prevista para los próximos días.

“No hay nada, no existe absolutamente nada contra Bolsonaro”, aseguró Celso Vilardi, uno de los abogados del exmandatario, ante los cinco jueces de la Primera Sala del STF. La defensa desvinculó al expresidente de la trama que, según la Fiscalía, buscaba impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva y mantener a Bolsonaro en el poder pese a su derrota electoral en 2022. Vilardi calificó los hechos como “meros actos preparatorios” que no constituyen delito, pues en ningún momento hubo “violencia o grave amenaza”.

La argumentación de la defensa se estructuró en tres ejes: la nulidad del acuerdo de colaboración judicial del exedecán Mauro Cid, quien sirvió de base para la investigación; supuestas restricciones al ejercicio de la defensa; y la crítica a la denuncia del fiscal general Paulo Gonet, que tacharon de “contradictoria” y basada en “narrativas y suposiciones”. Según los abogados, Bolsonaro podría ser objeto de absolución.

Por su parte, la Fiscalía sostiene que Bolsonaro estuvo al centro de la conspiración golpista, vinculándolo al asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023 en Brasilia. La investigación indica que el expresidente preparó un borrador de decreto presidencial para establecer medidas de excepción y llegó incluso a avalar un plan para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, relator del juicio.

El proceso se reanudará el próximo 9 de septiembre, cuando Moraes presentará su dictamen, que luego será discutido con los otros cuatro magistrados de la sala en dos audiencias adicionales programadas para la misma semana.

Mientras tanto, el bolsonarismo impulsa en el Congreso un polémico proyecto de amnistía para los implicados en la asonada de enero de 2023. Inicialmente destinado solo a quienes participaron directamente en los desmanes, sectores ultraderechistas buscan que la medida sea “amplia, general e irrestricta”, alcanzando incluso a Bolsonaro. Algunos partidos de la derecha moderada discuten su apoyo, aunque no aceptarían que beneficie al expresidente en lo relativo a su inhabilitación por abusos de poder durante la campaña de 2022.