Ante el impacto de la crisis económica y política en Bolivia, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la escasez de gasolina, diésel y dólares, advirtiendo que esta situación afecta a sectores sociales, productivos y empresariales, encareciendo el costo de vida y poniendo en riesgo derechos fundamentales.

En su pronunciamiento, la institución enfatizó la necesidad de soluciones estructurales, señalando que la falta de combustibles no solo afecta el precio de la canasta familiar, sino que también impacta en el acceso a medicamentos, salud y educación.

La Defensoría instó al Gobierno a convocar mesas de negociación con los sectores afectados y pidió que las protestas se realicen de manera pacífica. Además, anunció que seguirá monitoreando la situación y verificando el cumplimiento de los compromisos asumidos para proteger los derechos de la población.