El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que permite a los gobiernos locales retirar de forma obligatoria a personas sin hogar de las calles e internarlas en centros de tratamiento si padecen enfermedades mentales o representan un riesgo para la comunidad.

La medida también condiciona la entrega de fondos federales a las ciudades que prohíban acampar, consumir drogas o merodear en espacios públicos, en un claro enfoque en la seguridad pública como prioridad. Esta orden marca un cambio significativo en la política federal sobre la indigencia, enfatizando el control del espacio urbano y el orden público.

La normativa instruye a la fiscal general a tomar acciones legales para anular fallos que limitan la autoridad local y estatal en estos traslados forzosos, y ofrece apoyo jurídico a quienes implementen internamientos civiles basados en la incapacidad de algunas personas para cuidarse a sí mismas.

Además, obliga a varias agencias federales a priorizar subvenciones a las jurisdicciones que hagan cumplir estrictamente las prohibiciones contra el consumo abierto de drogas y el acampe en la vía pública. Esta iniciativa se suma a otras medidas recientes, como la orden de desmantelar campamentos en terrenos federales, y responde al aumento récord de personas sin hogar en Estados Unidos, con más de 274,000 registradas en 2024.

La orden ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos civiles y expertos en salud mental, que denuncian la falta de garantías legales y el riesgo de criminalizar la pobreza sin atacar las causas profundas de la crisis habitacional.

A pesar de las preocupaciones, Trump sostiene que la medida es necesaria para restaurar el orden y la seguridad en las ciudades, consolidando así su postura ante sectores conservadores, aunque profundizando la división con gobiernos locales y grupos progresistas que buscan soluciones más integrales y humanas.