El Ministerio de Educación aprobó la Resolución Ministerial 01/2026, que establece las normas y restricciones que regirán durante la gestión educativa 2026 en todo el país. Entre las principales disposiciones se encuentra la prohibición del uso de celulares en aulas, tanto para estudiantes como para maestros, además de otras 10 restricciones aplicables desde el periodo de inscripciones y durante el desarrollo del año escolar.

El director departamental de Educación de Santa Cruz, Nelson Alcócer, explicó que la restricción del uso de celulares es absoluta en el aula. Indicó que, en caso de portar estos dispositivos, deberán ser entregados en la Dirección de la unidad educativa, ya que únicamente se permitirá el uso de computadoras con fines pedagógicos. El artículo 45 de la norma establece de manera expresa la prohibición del uso de teléfonos móviles por parte de estudiantes y docentes.

La resolución también dispone que los actos de graduación solo están autorizados para el nivel secundario, quedando prohibidos en el nivel inicial. Asimismo, se confirmó que las inscripciones escolares comenzarán el 19 de enero y las clases el 2 de febrero, con el compromiso de cumplir los 200 días hábiles establecidos por normativa.

En cuanto a las pensiones, la norma congela los montos durante las inscripciones y los primeros meses del año, prohibiendo cualquier incremento hasta que en abril se defina un posible ajuste. Además, se prohíbe rechazar a estudiantes por motivos de discapacidad, dificultades de aprendizaje, talento extraordinario o trastorno del espectro autista, tanto en la inscripción como durante el proceso educativo.

La resolución aclara que el uso del uniforme no es obligatorio en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, por lo que está prohibido restringir el ingreso a clases por no contar con esta vestimenta. También se prohíbe exigir la compra de uniformes o materiales escolares en lugares exclusivos.

Entre otras restricciones, la normativa prohíbe los viajes de promoción, el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y estupefacientes en instalaciones educativas y sus inmediaciones, así como toda forma de violencia, maltrato o abuso. En unidades educativas privadas, se establece que no se podrá suspender, expulsar o excluir a estudiantes por retrasos en el pago de pensiones.

Finalmente, la disposición final séptima prohíbe a las direcciones departamentales y distritales imponer actividades extracurriculares a las unidades educativas.