El magistrado brasileño es acusado de detenciones arbitrarias y represión de la libertad de expresión; las sanciones se amparan en la Ley Global Magnitsky

El gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones formales contra Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, acusándolo de autorizar detenciones preventivas arbitrarias, reprimir la libertad de expresión y encabezar una campaña de censura y persecución política.

La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se enmarca en la Ley Global Magnitsky, que permite sancionar a ciudadanos extranjeros involucrados en corrupción o violaciones graves de los derechos humanos. Las sanciones implican el bloqueo de bienes e intereses de Moraes en Estados Unidos y la prohibición de realizar cualquier transacción económica con ciudadanos o empresas estadounidenses.

El comunicado oficial detalla que Moraes ha liderado investigaciones y acciones judiciales que afectan no solo a ciudadanos brasileños, sino también a estadounidenses, incluyendo periodistas y usuarios de redes sociales residentes en Estados Unidos. Se lo acusa de ordenar la eliminación de cuentas en plataformas como X (antes Twitter) y de imponer medidas como prisión preventiva y uso de tobillera electrónica al expresidente Jair Bolsonaro, a quien también prohibió utilizar redes sociales.

Moraes es el juez que supervisa la causa penal contra Bolsonaro, quien está siendo investigado por supuestamente haber planificado un golpe de Estado durante su mandato (2019-2023). Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump había anticipado represalias por lo que calificó como una “caza de brujas” contra su aliado político.

La acción del Tesoro llega días después de que el Departamento de Estado revocara el visado de Moraes y de sus familiares directos. Según Scott Bessent, secretario del Tesoro, el magistrado brasileño ha actuado como “juez y jurado en una campaña opresiva” que incluye procesamientos politizados y censura, afectando incluso a empresas estadounidenses. “La acción de hoy deja claro que el Tesoro continuará responsabilizando a aquellos que amenazan los intereses de Estados Unidos y las libertades de nuestros ciudadanos”, declaró Bessent.

Además, el gobierno estadounidense acusa a Moraes de atacar a políticos de oposición, medios de comunicación y plataformas tecnológicas, argumentando que sus decisiones judiciales han forzado a empresas a modificar políticas de contenido y entregar datos de usuarios.

Estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia de presión diplomática bajo el marco de la Ley Magnitsky, utilizada por Estados Unidos para castigar a actores extranjeros señalados por prácticas autoritarias, censura, corrupción o violaciones sistemáticas de los derechos humanos.