Un reciente estudio publicado por Alianza por la Solidaridad (Action Aid) y elaborado por el economista ambiental Stanislaw Czaplicky revela que cerca del 11 por ciento de los recursos de los fondos de pensiones en Bolivia, equivalentes a 2.569 millones de dólares, están vinculados con sectores responsables de la deforestación en el país.

Los datos corresponden a 2022, cuando los fondos de pensiones eran administrados por las AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, antes de ser reemplazadas por la Gestora Pública en 2019.

El estudio titulado “Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación” señala a los sectores soyero, ganadero y azucarero como los principales impulsores de la pérdida de bosques, debido a la expansión de la frontera agrícola.

Los recursos provenientes de los aportes para la jubilación de la población no fueron entregados directamente a las empresas agropecuarias, sino que se canalizaron a través de rutas de financiamiento complejas que incluyen bancos y fondos de inversión cerrados.

Según el estudio, el 10,8 por ciento de las inversiones de los fondos de pensiones en 2022 se destinaron, directa o indirectamente, a los sectores soyero, ganadero y azucarero.

Esta situación ha generado críticas por parte del autor del estudio, quien destaca la paradoja de que los ahorros destinados al futuro de los bolivianos están contribuyendo a la destrucción de su medio ambiente.

Ante estos hallazgos, el estudio sugiere que los fondos de pensiones y el sistema bancario deberían retirar sus inversiones de los sectores extractivos y establecer procedimientos de verificación ambiental para las instituciones financieras y empresas exportadoras.

Además, se recomienda aumentar la participación de la sociedad civil y de grupos proambientales en la toma de decisiones sobre las inversiones de los fondos de pensiones, al tratarse de recursos públicos que deben gestionarse de manera sostenible y responsable.