La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos Sahonero, encabezó este jueves una inspección sorpresa a las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, junto a representantes de la Brigada Parlamentaria. La autoridad señaló que el objetivo es “devolver transparencia institucional” ante denuncias de retrasos prolongados en la entrega de títulos de propiedad y presuntas redes de tráfico de tierras.

Barrientos informó que existen más de 363 títulos estancados en el Consejo de la Magistratura, más de la mitad correspondientes a Santa Cruz. Indicó que algunos documentos se encuentran paralizados desde hace 10 y hasta 8 años, situación que afecta a beneficiarios que esperan regularizar la posesión de sus terrenos.

Durante la inspección se solicitó documentación interna del INRA. La viceministra advirtió que el problema no se limita a retrasos administrativos, sino a la existencia de un presunto “tráfico de tierras”, que describió como una cadena de transferencias ilegales.

“Hay tráfico de tierra de manera muy fuerte en el país. Le entregan tierra a alguien, esa persona la lotea y termina vendiendo el territorio. Es muy complicado lo que está pasando en el INRA y la forma en la que se han ido trabajando las cosas”, afirmó.

La autoridad anunció que el equipo ingresará a varias oficinas del INRA en Santa Cruz para recabar información, en el marco de una investigación que se replica a nivel nacional. Aclaró además que el personal de la institución desconocía la visita: “Ellos no saben que venimos, pero vamos a ver en qué andan”, señaló antes de ingresar a los ambientes.

Barrientos explicó que esta acción se trata de una coordinación e inspección, distinta a la intervención realizada semanas atrás en La Paz, que continúa en curso. Sobre posibles casos irregulares, pidió prudencia y sostuvo que no se publicarán cifras hasta contar con pruebas firmes.

“No podemos dar cifras sin tener procesos iniciados. Estamos trabajando para garantizar que la información que demos sea adecuada y que tengamos la prueba suficiente para iniciar procesos penales”, agregó.