El Consejo Nacional de Presidentes y Gerentes de las Cámaras de Industrias de Bolivia difundió una declaración en la que expresa su disposición a trabajar con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, en un contexto marcado por la falta de divisas, la crisis de hidrocarburos y el estancamiento productivo.

El documento, emitido tras una reunión realizada en Santa Cruz de la Sierra, señala que el sector industrial saluda a las nuevas autoridades y reafirma su voluntad de colaborar para fortalecer el Estado de Derecho, la libertad económica y el respeto a la propiedad privada, pilares que —según el pronunciamiento— permiten atraer inversión y generar empleo formal.

Los industriales advierten que el país atraviesa un escenario complejo y que la coordinación público-privada es fundamental para reconstruir la confianza. También alertan sobre un proceso de desindustrialización arrastrado por dos décadas y por una “competencia desigual y desleal de las empresas públicas”, situación que derivó en una proyección de crecimiento negativo para 2025. En esa línea, piden revertir esta tendencia mediante políticas que impulsen la competitividad y garanticen estabilidad normativa.

La declaración enfatiza la necesidad de liberar las exportaciones, afirmando que las restricciones vigentes “asfixian nuestra capacidad productiva”. Asimismo, destaca que la industrialización del litio debe convertirse en una cadena de valor completa que genere tecnología, empleo calificado y divisas para el país.

Entre las propuestas, el sector presentó cuatro proyectos de ley destinados a reactivar la economía desde el ámbito productivo. Estos incluyen normativas sobre inversiones, lucha contra el contrabando, falsificación de productos y la tipificación penal de los bloqueos, que —según el texto— han convertido a Bolivia en un “país tranca”.

El pronunciamiento también solicita una revisión integral de la Ley General del Trabajo, el Código Tributario, la Ley General de Aduanas y la normativa de conciliación y arbitraje. Plantea, además, la abrogación de la Ley 1055 de Empresas Sociales y de la Ley 1670 de Diferimiento de Créditos, al considerar que generan incertidumbre jurídica y desincentivan la inversión.

Finalmente, las cámaras departamentales remarcan su voluntad de diálogo y su compromiso con la reindustrialización del país. “El futuro del país depende de una alianza efectiva entre el Gobierno Nacional y el sector productivo privado”, expresa el documento, que llama a construir una agenda conjunta para diversificar la economía, fortalecer las cadenas de valor y promover la innovación.