La OTAN y otras potencias incrementan su gasto militar, pero los beneficios económicos prometidos son cuestionables y podrían generar tensiones fiscales

Por primera vez en décadas, los países desarrollados están embarcándose en un proceso de rearme masivo, impulsado por las guerras en Ucrania y Medio Oriente, la creciente tensión en torno a Taiwán y la incertidumbre sobre el compromiso estadounidense con sus alianzas internacionales. El 25 de junio, los miembros de la OTAN acordaron elevar su gasto militar al 3,5 % del PIB, incluyendo un 1,5 % adicional en artículos de seguridad, aunque con excepciones como la solicitada por España.

De cumplirse esta meta hacia 2035, los países aliados estarían destinando 800.000 millones de dólares más al año, en términos reales, que antes de la invasión rusa a Ucrania. Este fenómeno no es exclusivo de Europa: Israel superó el 8 % de su PIB en gasto de defensa en 2024 y Japón planea duplicar su presupuesto militar, a pesar de su tradición pacifista.

Aunque los líderes políticos están promoviendo este aumento como una oportunidad económica —como el primer ministro británico, Keir Starmer, que promete empleos de calidad en defensa—, los expertos advierten que estas proyecciones son erróneas. Según diversos análisis, el gasto en defensa no mejora directamente el nivel de vida y podría convertirse en una pesada carga para las finanzas públicas.

Los desafíos fiscales son inminentes: la mayoría de los países de la OTAN, excluyendo a Estados Unidos, tendrían que elevar su gasto en defensa en un 1,5 % del PIB, recortando otras áreas como los servicios sociales. Aumentar impuestos o reducir presupuestos será políticamente complejo, por lo que se prevé un aumento del déficit y de las tasas de interés, afectando la estabilidad económica.

Además, aunque el gasto podría tener un impacto keynesiano moderado, llega en un contexto de inflación persistente y bajo desempleo. Los beneficios en innovación, especialmente en investigación y desarrollo militar, podrían ser más significativos: se estima que un aumento del 1 % del valor agregado en I+D puede elevar la productividad de una industria en 8,3 % anual. Tecnologías como Internet y la energía nuclear surgieron de este tipo de inversión.

Sin embargo, los políticos que buscan revertir la desindustrialización mediante el rearme pueden llevarse una decepción. La defensa moderna es altamente automatizada y especializada, por lo que generará menos empleos de los esperados. En Europa, se estima que 500.000 nuevos empleos podrían surgir del aumento del gasto militar, una cifra pequeña frente a los 30 millones de trabajadores manufactureros del continente.

La evolución tecnológica en la guerra, con el uso extendido de drones e inteligencia artificial, también limita la creación de empleo y favorece a las grandes tecnológicas. Además, los gobiernos enfrentan el dilema de gastar de forma eficiente sin ceder a presiones locales o sectoriales que favorecen el despilfarro.

En Europa, la falta de coordinación se refleja en la producción de 12 tipos distintos de tanques por parte de países de la UE, mientras que Estados Unidos se concentra en uno solo, evidenciando un uso ineficiente de los recursos.

El rearme puede ser necesario por motivos de seguridad, pero los gobiernos deberán actuar con responsabilidad, evitando venderlo como una panacea económica. Derrochar el presupuesto en intereses particulares sólo conducirá a más impuestos o a recortes sociales. El desafío es mantener la seguridad sin sacrificar la eficiencia ni la equidad fiscal.