Las pandillas criminales brasileñas expandieron significativamente su presencia en la Amazonía en 2024, operando ahora en cerca del 45% de los 772 municipios de la región, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Esto representa un aumento del 32% respecto al año anterior, duplicando su alcance en dos años. Este crecimiento, en una región clave para las conversaciones climáticas de la ONU, está impulsando la violencia y representa una seria amenaza para la preservación de la selva tropical.

El narcotráfico y la violencia están siendo impulsados por el crecimiento de bandas como el Comando Rojo, que ha más que duplicado su presencia desde 2023. David Marques, coautor del informe, señaló que estos grupos están diversificando sus actividades, enfocándose en la extorsión y los "crímenes ambientales", como la tala y la minería ilegales. La Amazonía registró 8.047 homicidios en 2024, con una tasa de asesinatos un 31% más alta que el promedio nacional.

El Comando Rojo, con sede en Río de Janeiro, ha logrado dominar las rutas fluviales en coordinación con cárteles peruanos y colombianos. Las drogas fluyen hacia puertos estratégicos como Belém, Manaos y Macapá, donde Brasil será sede de la COP30. Mientras tanto, el Primer Comando de la Capital (PCC), con sede en São Paulo, se ha enfocado en utilizar pistas de aterrizaje clandestinas vinculadas a las zonas de minería ilegal, demostrando sofisticación operativa.

En respuesta al debate nacional sobre el crimen organizado, la Cámara Baja de Brasil aprobó un proyecto de ley que propone aumentar la severidad de las penas por pertenencia a pandillas. La legislación busca aumentar las sentencias por delitos cometidos por miembros de pandillas y permitiría la incautación de bienes antes del fallo final. El proyecto ahora se dirige al Senado, donde se espera que se apruebe una versión de compromiso, ya que el crimen es la principal preocupación de los votantes.