La llamada “PEC de los bandidos” fue aprobada en Diputados y críticos advierten que favorece al crimen organizado y viola la Constitución.

Brasil vive un intenso debate tras la aprobación en la Cámara de Diputados de una propuesta de enmienda constitucional (PEC) que ampliaría los privilegios de inmunidad de senadores y diputados, obligando al Supremo Tribunal Federal a obtener autorización del Congreso antes de iniciar procesos penales contra ellos.

La iniciativa, respaldada por 344 legisladores —entre ellos bolsonaristas, miembros del Centrão y 12 diputados del Partido de los Trabajadores—, ha sido bautizada irónicamente como “PEC de los bandidos”. Según el fiscal de Justicia de San Pablo, Roberto Livianu, la norma “extiende una alfombra roja al crimen organizado”, pues impediría investigar a parlamentarios incluso ante delitos graves.

El texto podría frenar 36 investigaciones abiertas contra 108 diputados y beneficiaría a figuras de distintos partidos. Además, permitiría congelar procesos en tribunales ordinarios y otorgar protección a presidentes de partidos con representación parlamentaria, aun sin cargo electivo.

Juristas, artistas y organizaciones civiles han cuestionado la medida. Caetano Veloso, Chico Buarque y Gilberto Gil convocaron a un concierto de protesta en Río de Janeiro, mientras se preparan manifestaciones en todo el país. El diario Folha de São Paulo advirtió que la propuesta “insulta a los votantes” y erosiona la confianza en las instituciones.

Si el Senado la aprueba, la PEC se promulgaría sin pasar por la presidencia, aunque se prevé que el Supremo Tribunal Federal pueda declararla inconstitucional. En paralelo, el asesinato del excomisario Ruy Ferraz Fontes, atribuido al Primer Comando de la Capital (PCC), reavivó la discusión sobre la seguridad pública y la infiltración del crimen organizado en la política.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, anunció un paquete de leyes para golpear las finanzas de organizaciones delictivas y proteger a jueces y policías amenazados, en un contexto donde la sociedad brasileña reclama mayor transparencia y control frente a la impunidad.